La Policía Nacional ha proporcionado más detalles sobre la red de más de 25 personas, entre ellas funcionarios, gestores y empleados de la banca, que está acusada de defraudar a la Seguridad Social con más de cuatro millones de euros. Las detenciones, que comenzaron la semana pasada, se han llevado a cabo en diferentes localidades de Madrid, e incluyen a cuatro empleados públicos —uno de ellos perteneciente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid—, que presuntamente recibieron hasta 50.000 euros mensuales en comisiones. Los agentes han destapado una estructura criminal que incluía otros pagos a gestorías por el trámite ilícito con la complicidad de al menos cuatro empleados de entidades bancarias. En los 16 registros llevados a cabo, la policía intervino relojes de alta gama, cuatro vehículos y más de 25.000 euros en efectivo.

La investigación arrancó en diciembre de 2022, señala la policía en un comunicado, “tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo”. En concreto, la policía iba detrás de las operaciones de capitalización del paro, una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite a los perceptores de la ayuda destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

a policía describe esta red como una “organización con un claro reparto de funciones”. Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos. Se han abierto hasta 400 expedientes ilícitos, señalan.

Según la información proporcionada por los agentes, la organización contaba con dos hombres que se encargaban de “captar a los clientes”, que decidían qué tipo de solicitudes debían realizar y calculaban el margen de beneficio de cada prestación, que según la investigación rondaba entre el 25% y el 40% de la cantidad total de la capitalización del paro. Una vez captados los clientes, los dirigían hasta una gestoría del distrito de Latina.

Es en esta gestoría donde se formalizaban los trámites. Los responsables y trabajadores han sido detenidos. “Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia”, explica el comunicado de la policía. Sin embargo, las compras se acreditaban mediante facturas falsas a través de otros dos cómplices: uno dedicado a gestiones administrativas de tráfico y otro que era gerente de un concesionario cercano a la gestoría.

Los cuatro empleados públicos detenidos daban seguimiento de los expedientes y hacían las labores de asesoramiento, según detalla la investigación. Utilizaban sus claves de acceso a las bases de datos del SEPE para hacer una consulta diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, “controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación”. La policía los acusa de recibir, a cambio de estas labores, pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar los 50.000 euros.

Fuente: El País

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